El Gobierno promulga una ley sin sustancia con bombos y platillos
- sebastian llocclla
- 23 abr 2025
- 3 min de lectura
Actualizado: 19 may 2025
Con la creciente ola de delincuencia y la presión de una población indignada, la presidenta salió a promulgar la ley que permite abatir al delincuente en situación de flagrancia. Aunque la ley, en realidad, solo modificó algunos términos del Decreto Legislativo 1146.
El pasado 5 de abril, la presidenta Dina Boluarte junto a la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y ministros del Estado, firmó la ley 32291 que modifica el Decreto Legislativo 1146 para el uso de armas letales y no letales en situación de flagrancia. Sin embargo, esta promulgación no busca combatir la criminalidad que ha cobrado la vida de más de 500 personas, sino de recuperar la aprobación de los peruanos.
El informe de opinión de marzo, realizado por el Instituto de Estudios Peruanos, reveló la poca aprobación de los ciudadanos a la presidenta con 4% y el Congreso con 2%. Además, casi el 90% de la población opina que el gobierno no tiene un plan para combatir la delincuencia o fortalecer la seguridad ciudadana. Por estas razones, la mandataria salió a dar la cara aprobando una ley que “pone fin a las leyes que durante años han priorizado la vida del criminal”; sin embargo, solo consiguió fragmentar a la población en su intento de recuperar su confianza.
La ley 32291 no solo permite a los agentes de la policía abatir al delincuente en situación de flagrancia, sino que además se le otorga seguridad jurídica, o que es lo mismo, abogados para defender al policía en caso sea llevado a juicio. “Es el primer gran paso para proteger a nuestra Policía” dijo la presidenta, quien afirma restablecerá el Estado de derecho. Como de costumbre, la reacción de la ciudadanía es fragmentada; por un lado, quienes tienen miedo del abuso de la ley, y por el otro, quienes aseveran que la medida reforzara la seguridad pública.
La presidenta afirmó que la ley 32291 marca un antes y un después en la lucha contra la delincuencia, pero esta ley no es reciente. En 2022, el congresista Jorge Montoya presentó el proyecto de ley 5239, luego modificado por Héctor Valer Pinto como proyecto de ley 7672. Se fue aprobando, precisando y añadiendo términos al Decreto Legislativo 1146, pero sin mucha repercusión ni efectividad evidenciada en la creciente ola de delincuencia y la población cada vez más decepcionada e indignada.
Durante la firma, el ministro del interior, Julio Diaz Zulueta, expresó: “no teman, trabajen con la certeza de contar con un gobierno que los respalda al 100%”. ¿Pero los peruanos confían en el gobierno o en las fuerzas del orden? No. La encuesta sobre inseguridad ciudadana realizada por Ipsos Perú durante febrero reveló que la población perdió la confianza en sus instituciones públicas, un 70% desconfía de la policía y un 92% en el Congreso. Además, para los peruanos las causas principales de la criminalidad son la corrupción y falta de leyes radicales contra los delincuentes.
El panorama es complicado y el gobierno busca recobrar la confianza de la ciudadanía vendiendo la promulgación de una ley como la solución a la inseguridad. Una ley que suministra más recursos a entidades de seguridad y justicia, llenas de corrupción y no de valores. Una ley que divide más a la población. Una ley usada para que la presidenta "de la cara en la lucha contra la delincuencia". Una propaganda política disfrazada de ley.
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